En el marco de la Operación Pompeya, la policía ha dirigido por primera vez su atención hacia el ámbito contable y financiero de los prostíbulos, que hasta ahora habían sido cuestionados principalmente por cuestiones relacionadas con la explotación de personas, la trata de seres humanos y los delitos contra los derechos de los trabajadores. En una docena de prostíbulos ubicados en diferentes puntos del territorio nacional, más de un centenar de agentes se han desplegado para llevar a cabo una investigación detallada sobre las finanzas de estos negocios clandestinos.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en colaboración con la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF), así como otros departamentos de la Policía y la Agencia Tributaria, han llevado a cabo una operación sin precedentes en los últimos años, centrada en delitos fiscales y el blanqueo de capitales.
Según fuentes policiales, el monto defraudado y posteriormente blanqueado asciende a unos 115 millones de euros. Este dinero, en su mayoría proveniente de la actividad de la prostitución, no era declarado y se reintroducía en la economía legal mediante negocios paralelos creados por los detenidos, tales como inmobiliarias y empresas de venta de diversos productos.
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