Seguimos en primera línea de combate, esta vez contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La transposición de la Cuarta Directiva Europea va a suponer algunos cambios en la vigente ley española 10/2010 para adaptarse a la Directiva europea.
La transparencia de la titularidad real de las empresas y la obligación de evaluar riesgos de algunos sectores profesionales como el inmobiliario, banca, abogacía o contable –por quedar demostrado su especial vulnerabilidad-, así como el fomento de la cooperación en el intercambio de información internacional, parece ser que va a ser el foco de atención donde va a recaer la mayor parte de las reformas para la ley nacional.
El uso de información de las Unidades de Inteligencia Financieras, las listas, el inicio de investigaciones, también tendrá alguna puntualización, matizándose para cada caso en concreto. Es evidente que desde la Unión Europea se ha incrementado la actividad en cuanto a la regularización o actualización de las normas para combatir el fraude, el terrorismo y su financiación pero es evidente por otro lado, que estamos a años luz de la cultura anglosajona, tanto en lo que se refiere al fraude y ética en un marco corporativo como en un marco social.
La llegada de inversión extranjera a España y a Europa puede fomentar el acercamiento a ciertos estándares éticos y modelos de conducta internos que impliquen un compromiso empleado-empresa basado en principios sólidos de respeto a la jerarquía corporativa y a la competencia, diseñando modelos de estrategia fiscal sin ser fraudulentos ni elusivos, priorizando unos estándares e influenciando a un gobierno estatal con políticas de mercado globales y éticas, sin embargo, este proceso no será ni fácil ni corto. Si bien la llega de inversión extranjera puede ser quien acelere el proceso de acentuación de importancia de aquellas normas que garantizan estabilidad social y económica.