En estos días he leído en “El País” que la AEAT inicia otra cruzada contra el fraude fiscal y la economía sumergida. En este artículo se comentan las palabras del máximo responsable de la Agencia, D. Santiago Menéndez, que ha explicado durante la inauguración de la II Conferencia Global de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) sobre el Operador Económico Autorizado (OEA), que van a hacer una apuesta decidida por utilizar las nuevas tecnologías en la lucha contra el fraude fiscal.
Además, a su juicio, «si las administraciones tributarias no somos capaces de entender que tenemos que ser intensivos en la utilización de las nuevas tecnologías para conseguir erradicar en lo posible la lucha contra el fraude, habremos errado el pronóstico y erraremos probablemente en el éxito».
Pues bien, una vez más, estamos ante un asalto a la seguridad jurídica en España, con un uso de la tecnología informática de dudosa legalidad.
Las Leyes actuales y más concretamente el artículo 136 de la Ley General Tributaria, impiden a la Agencia Tributaria examinar la contabilidad de los contribuyentes en un procedimiento de comprobación limitada. Sólo es posible acceder a esa información dentro de un procedimiento de inspección, que además ha de seguir un determinado procedimiento.
En cuanto al control de dispositivos como las cajas registradoras y bases de datos de las empresas, o cualquier otra herramienta informática que pueda ser susceptible de ofrecer información para detectar el fraude, recordemos que Hacienda siempre debe cumplir el procedimiento legal y requerir esta información formalmente al contribuyente.
Ahora bien, parece que una vez más nos intentan persuadir de que “el fin justifica los medios” en el afán de perseguir el fraude de la Pyme, el denominado “pequeño fraude”, en vez de perseguir las grandes operaciones, el gran fraude, la gran ilegalidad que es muchas veces (más de lo nos gustaría) protagonizada por altos mandatarios políticos.
Tenemos pues, una vez más es España, otro supuesto de lucha contra el pequeño fraude versus seguridad jurídica.
Sería esencial proteger la seguridad y las libertades de los sufridores contribuyentes. En caso contrario tengo el augurio de que estos comportamientos tendrán efectos devastadores. Espero que alguien a quien realmente le preocupe el bienestar de los ciudadanos, haga algo al respecto.
